Las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona han socavado durante mucho tiempo los principios de justicia, seguridad comunitaria y dignidad humana. El uso generalizado de centros de detención, redadas de deportación y tácticas agresivas de aplicación de la ley se dirigen desproporcionadamente a las comunidades latinas e inmigrantes, dejando a familias separadas y a personas viviendo en constante temor. Estas prácticas no solo exacerban las desigualdades sociales, sino que también erosionan la confianza en las fuerzas del orden locales, ya que muchos inmigrantes se ven disuadidos de denunciar delitos o cooperar con las autoridades por temor a ser detenidos. La dependencia de Arizona de la aplicación punitiva de la ley migratoria en lugar de soluciones comunitarias perpetúa ciclos de trauma y marginación, contradiciendo la responsabilidad de nuestro estado de proteger a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

Un enfoque progresista exige que Arizona priorice alternativas humanas y equitativas al actual régimen de control de inmigración del ICE. Las inversiones deben centrarse en brindar apoyo legal, acceso a la atención médica, educación y vías para obtener la ciudadanía, en lugar de financiar la detención y la deportación. Se ha demostrado que las iniciativas comunitarias que fortalecen la cohesión social y protegen a las poblaciones vulnerables mejoran la seguridad sin criminalizar a las comunidades inmigrantes. Arizona debe rechazar las políticas que permiten al ICE operar con impunidad y, en su lugar, adoptar un modelo que reconozca la dignidad inherente de cada ser humano, garantizando que las familias permanezcan unidas y que todos los residentes puedan vivir sin el temor a la deportación.

La verdadera seguridad pública se basa en la confianza, no en el miedo. Cuando las fuerzas del orden locales actúan como una extensión del ICE, las comunidades se vuelven menos seguras: las víctimas y los testigos temen denunciar delitos, aumenta la discriminación racial y se desvían recursos para abordar amenazas reales como la delincuencia violenta, el narcotráfico y la explotación. Oponerse a la aplicación de la ley del ICE en el interior no implica ignorar la seguridad pública; se trata de protegerla. Se ha demostrado que las políticas que fuerzan la cooperación con el ICE socavan la confianza de la comunidad sin reducir la delincuencia, al tiempo que se centran en los residentes y sus familias de larga data en lugar de en los traficantes o los delincuentes violentos.

Un enfoque más sólido e inteligente se centra en estrategias que realmente mejoran la seguridad de las comunidades: esfuerzos coordinados de interdicción de drogas, servicios de reinserción que reducen la reincidencia, tratamiento de salud mental y por consumo de sustancias, apoyo a las víctimas y una policía comunitaria que construye relaciones en lugar de miedo. La seguridad pública debe proteger a las personas, promover la estabilidad y fortalecer los vecindarios. Podemos detener las drogas sin detener a las familias, y podemos combatir la delincuencia sin convertirnos en ICE, porque la verdadera seguridad significa garantizar que todos puedan buscar ayuda, denunciar daños y vivir sin miedo.